El Gobierno denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos por medio de la facturación de prestaciones médicas informales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que se estima en 3.400 millones de dólares, sólo en 2023. Tras las auditorías que hicieron las nuevas autoridades del área sobre pensiones por invalidez se ubicaron "fraudes de grande escala" y el vocero Manuel Adorni hasta denunció que se usaron radiografías de perros.
Adorni aclaró que el director de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministerio de Salud, liderado por Mario Russo, realizaron auditorías sobre las pensiones de invalidez que se dieron durante gestiones pasadas.
"A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de ser 79.000 a 1.045.000", expresó el funcionario. "Esa cifra bajó a a 1.026.000 entre 2015 y 2019 para volver a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, es decir, después de los cuatro años de gestión del profesor Alberto Fernández", agregó
Entre los ejemplos dados, el vocero aclaró que había gente que cobran la pensión "y tienen varios autos, varias propiedades, incluso algunas fuera del país, embarcaciones y hasta aviones privados". "Cabe aclarar que a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de la obra social 'Incluir Salud', que representó una transferencia promedio desde el Gobierno Nacional a las provincias de $1.500.000 por afiliado", expresó.