El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla en abril, en medio de los amparos que frenaron parte de su aplicación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero.
La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento.
La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregan.
El circuito de la reglamentación abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria: la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social.