PAMI realizó limitaciones drásticas en las prestaciones médicas tras encontrar un esquema sistemático de fraude realizado por prestadores de salud, farmacias y algunos médicos internos. La medida tomó directamente a cientos de jubilados y jubiladas que se vieron impedidos de acceder a turnos, cirugías y medicamentos.
La obra social nacional encontró graves irregularidades en el sistema de órdenes médicas electrónicas (OME), facturaciones sin respaldo y mal uso de datos personales de los afiliados. Los auditores identificaron la simulación de consultas, falsificación documental, vulneración del sistema de trazabilidad y una utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de varios profesionales médicos.
El Instituto destacó que las auditorías mostraron maniobras defraudatorias que configuraban ilícitos y dieron lugar a posibles actos de defraudación contra la administración pública.
Las investigaciones descubrieron al menos seis causas judicales activas impulsadas por PAMI y la Unidad Fiscal Investigativa de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal. Los casos revelaron patrones de falsificación y abuso del sistema OME que derivaron en denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.
Se encontraban prestadores que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas nunca realizadas, empresas reincidentes que continuaban esquemas de fraude sistemático durante meses, médicos que daban órdenes irregulares sin respaldo de atención efectiva, farmacias que emitían recetas electrónicas falsas a terceros, y centros médicos donde se detectó manipulación de registros y uso compartido de credenciales profesionales.