El Gobierno oficializó la quita del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), creado en 1995 con el objetivo de regular el transporte de cargas en el país. A través de un decreto, se argumentó que este registro imponía cargas administrativas innecesarias que doblaban funciones y provocaban costos adicionales para los transportistas.
En los argumentos para esta nueva desregulación se destaca en que "en un contexto en el que las políticas del Gobierno Nacional se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva".
La normativa vigente exigía a los transportistas una serie de trámites y documentación que, según el decreto, ya están en poder del Estado o deben ser llevados en el vehículo para circular, como seguros obligatorios y revisiones técnicas. Esta duplicidad, según el Ejecutivo, entorpecía el caminar de la actividad económica, considerada clave para el crecimiento del país.