La central obrera se reunió con los senadores de Fuerza Patria para “analizar la situación parlamentaria” y ver un plan conjunto. En paralelo, tuvo una cita reservada con las tres cámaras empresariales que advirtieron sobre los problemas jurídicos y el nivel de conflictividad que acarrean varios artículos de la ley.
La contra en el Senado busca parar el tratamiento de la reforma laboral. Si bien para tirarla necesita una mayoría de 37 legisladores que hoy está lejana, las reuniones de las últimas horas sirvieron para ajustar expectativas y redefinir objetivos. El peronismo en la Cámara alta tiene como objetivo pragmático: romper el quórum al oficialismo el próximo 11 de febrero para impedir que siga con la media sanción de la ley. El plan, que comparte con la CGT, consiste en buscar votos en todos los sectores que no integran ni el oficialismo ni el PRO, principalmente en las fuerzas provinciales y en los radicales “sin tierra”, es decir, aquellos que no responden a un gobernador ni tienen acuerdos con la Casa Rosada. En ese grupo aparece, por caso, el bonaerense Maximiliano Abad.
El peronismo busca los votos federales, aunque primero deberá garantizar los 28 propios. Un senador del equipo justicialista dijo: “A seguro se lo llevaron preso”, consultado sobre la cohesión del interbloque. En efecto, dentro del peronismo se encendió una luz de alarma en relación con lo que pueda hacer el sub-bloque Convicción Federal. El puntano Fernando Salino ya avisó que “en estas condiciones, así como está, no voto la reforma”, pero aclaró que no puede estirar su postura al resto de sus tres compañeros. Además advirtió que “los partidos que faltan definir, ya firmaron el dictamen”.