Algunos dirigentes peronistas de distritos donde se aplica dicha discriminación tarifaria comenzaron a tejer diversas estratagias con el objetivo de torcer la voluntad del Senado. Un grupo cuya mayoría responde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó una reunión en el distrito de Villa Gesell, en la que acordaron distintas acciones para instalar el tema y se acordó conformar una “red de ciudades en Defensa de la Zona Fría”. También hubo presencia del Frente Renovador de Sergio Massa, con la diputada nacional Jimena López, oriunda de Necochea.
La legisladora nacional consignó en ese encuentro que “el sentido de la Zona Fría es que nosotros -los distritos bonaerenses a los que alcanza el esquema ampliado de tarifa espacial- tenemos más días de frío y consumimos más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la CABA tiene mayores consumos durante casi 3 meses, nosotros podemos consumir esa misma cantidad durante 8 o 9 meses”.
Más allá del encuentro, las miradas se posan sobre el futuro inmediato y la votación en el Senado del proyecto que elimina el régimen de Zona Fría en diversas provincias e impacta en 94 distritos en la provincia de Buenos Aires, que fueron incluidos en este grupo con la modificación hecha a la ley en 2021, por impulso del diputado nacional Máximo Kirchner. Ahora, de aprobarse los cambios en el régimen de Zona Fría, solo Carmen de Patagones quedará bajo este esquema. Grandes distritos del interior bonaerense como Bahía Blanca, Mar del Plata, Olavarría, Tandil, Azul, Pergamino o San Nicolás, entre otros, volverán al esquema tarifario regular con las excepciones subsidiarias que alcanzan a quienes perciban ingresos iguales o menores a tres veces el valor de la Canasta Básica Total para un “hogar tipo 2”, de acuerdo con el cálculo realizado por el Indec. En abril de este año, esto representa un monto mensual de $4,4 millones.
Según estimaciones, cerca de 1 millón setecientos mil usuarios en todo el país perderían el beneficio si la iniciativa se aprueba en el Senado. El gobierno nacional habla de un ahorro fiscal de $ 272.000 millones. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires hay 1.317.340 usuario alcanzados por el régimen tarifario.