EL CASO DE LAS OBRAS SOCIALES
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En el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, la Justicia ordenó el allanamiento de la tercera obra social más grande del país.
Es la famosa Osprera de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y que actualmente es la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con alrededor de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.
De acuerdo a datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social obtuvo $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años. No obstante, no consiguió regularizar una deuda prestacional de más de $43 mil millones y registró en un año 16.410 reclamos de afiliados.
Por eso, el Poder Ejecutivo ordenó en agosto la intervención por el término de 180 días, a cargo del Ministerio de Salud y con la posibilidad de estirar el plazo en caso de ser necesario. Pero, un fallo judicial le devolvió el manejo de la obra social a su titular y dejó inactiva la decisión del Gobierno.
