Argentina cambió el régimen de propiedad intelectual en el sector farmacéutico con la derogación de una norma de 2012 que establecía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes.
La medida fue dada a través de una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El texto difundido en el Boletín Oficial da al INPI la potestad para analizar cada solicitud de patente de medicamentos de manera individual, sin los condicionamientos previos que dificultaban el ingreso al mercado local de terapias innovadoras.
La reforma saca el largo decálogo de requisitos técnicos que regía desde 2012 y que, según las autoridades, paraba el desarrollo y la llegada de nuevos tratamientos. La nueva política busca alinear al país con los estándares internacionales y facilitar la integración en cadenas globales de investigación y producción
El INPI ahora verá cada solicitud de patente conforme a la ley argentina, centrando el análisis en los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, sin limitaciones adicionales que no existen en otros países. El comunicado del Ministerio de Desregulación detalló que “el sistema de patentes farmacéuticas se moderniza para garantizar el acceso a mejores tratamientos”. Según la información oficial, la reforma fortalece la seguridad jurídica y protege la comercialización actual de medicamentos