El Gobierno nacional aseveró que hace falta una sentencia judicial para nombrar una toma de tierras como un hecho ilegal. Esta idea oficial fue manifestada por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete.
Pablo Daniel Blanco, senador por la UCR, indagó en la semana en la Cámara Alta lo siguiente: “¿Qué actitud adoptará el gobierno en defensa de la propiedad estatal y privada frente a estos delitos?”.
Santiago Cafiero y el Ministerio de Seguridad, aclararon: “Una vez que la situación se define como ‘toma de tierras’ mediante una sentencia firme emanada de autoridad judicial competente, es que estamos ante un acto ilegal”.