El Gobierno nacional mandó $1.200 millones para la operación de la cooperativa Sancor, que arrastra una larga crisis financiera que tiene en riesgo su continuidad.
Lo hizo a través de la Disposición Administrativa 54/2023 publicada en el Boletín Oficial, junto a otras alteraciones presupuestarias.
La operación se hace a través de la transferencia del dinero al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
En los considerandos se señaló que el giro responde a la necesidad de "atender las transferencias a cooperativas agropecuarias destinadas al Fideicomiso Financiero de Administración Reestructuración Sancor, creado a los efectos de abordar la situación de gravedad institucional de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, para brindar asistencia financiera destinada a la adquisición de leche, insumos y servicios productivos".
Sancor arrastra muchos años de desmanejos políticos, empresariales y financieros, que la tiró hasta el punto de procesar sólo un 10% del máximo que llegó elaborar.
Sobre su estructura tiene especial injerencia la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra), que venía ejerciendo una fuerte presión sobre el Gobierno para que fortalezca el fideicomiso que aún mantiene activa a la firma.