UNIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL MENDOZA

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El país es fundamentalmente informal.

 

Antes del 2020 se estimaba que la proporción era un 40 - 60. Es decir el 40% de los empresarios sostenían un 60% de las transacciones.

Esto se explica desde varios puntos de vista:

- Régimen impositivo: Cada emprendimiento económico desde su inicio debe aportar alrededor de 160 impuestos  (42 nacionales, 41 provinciales y 83 tasas de acuerdo a informe del IARAF) para poder estar enmarcado en la norma. Una empresa relativamente exitosa, en épocas normales, debe trabajar medio año para el Estado.

- Legislación laboral: “El problema es que, sobre el sueldo de los trabajadores, hay una tremenda carga tributaria que se lleva el Gobierno, y eso complica y encarece. Hay que buscar normas que sean razonables para que la actividad privada se pueda desarrollar y generar cada vez más puestos de trabajo” según palabras de Mario Grinman, presidente de la CAC.

- Conducta anómica: Los argentinos tenemos cierta inclinación a no respetar las normas y a manejarnos con una conciencia individualista, en general.

- Sistema político caro, desproporcionado, ineficiente y en algunos casos, corrupto: Lo que desalienta la voluntad de aportar de los ciudadanos.

Pero la pandemia y su consecuente cuarentena ha profundizado esta informalidad.

Las condiciones anormales de funcionamiento de la sociedad en general y del ámbito de la economía en particular, se han visto afectadas debido a que existen:

* Disminución de la demanda formal de trabajadores: En el 2020 se han cerrado aproximadamente unos 100.000 negocios de acuerdo a estimaciones de la Cámara Argentina de Comercio. Gran parte de esa fuerza laboral desocupada, se vuelca a actividades informales y clandestinas si no encuentra repuesta en el sector formal cada vez más diezmado.

 * Inflación: Los números de la inflación demuestran que en medio año, prácticamente se ha alcanzado el índice de inflación proyectado para todo el año. El permanente ajuste y reajuste de los precios de los bienes y servicios provoca el empobrecimiento de los asalariados, sean formales e informales. Ante la necesidad de incrementar sus ingresos, las personas se vuelcan a actividades extras para ganar más dinero, en su mayoría en el ámbito informal. Además, muchos emprendedores ante el permanente aumento del costo de vida, deben elegir entre su sustento, la supervivencia de su empresa o tributar.

* Presión Impositiva que no cede: El asfixiante sistema impositivo que no se ha ajustado a la realidad de los contribuyentes en épocas de pandemia -caída de las ventas o de la producción, menor demanda en general por la pérdida de valor de los ingresos de las personas y el aumento del costo de la vida-, expulsa a las personas del ámbito formal.

* Falta de inspecciones: por falta de recursos existe una escasa o nula inspección ante la informalidad, la clandestinidad o la competencia desleal. Como ejemplo de una actividad con gran impacto social, puede mencionarse el rubro panificación y derivados, que no solo se ve fuertemente afectada por la competencia desleal, que no es solamente un problema tributario sino que además, expone a la población a riesgos de salud, por la manipulación de los componentes.  En general, el Estado hace especial hincapié y control en el sector formalizado y no agota recursos ni esfuerzos ni ofrece los incentivos necesarios, para que el sector informal se dirija a la formalidad, y se amplíe la masa contributiva, lo que permitiría incrementar la recaudación.

* Condiciones poco propicias para actividades económicas formales:  los gobiernos municipales, como los provinciales o nacionales dependen de la formalidad y procuran que todas las actividades productivas se desarrollen en ese ámbito, siendo su garantía de sustentabilidad económica. Pero el sistema económico está configurado de tal manera que es muy complejo llevar a adelante una actividad económica formal y que a la vez sea rentable, lo que se convierte en un gran desaliento a la iniciativa privada, al Emprededurismo y decisiones de inversión. Presión tributaria y el costo asociado a la formalidad, se suman a la incertidumbre económica en la que se encuentra inmerso el país.

 

 

Expulsados a la informalidad

La escasa circulación de dinero y la excesiva inflación han provocado que el consumo esté en caída. A pesar de que los gobiernos han decidido abrir la economía, la reactivación no se ha producido en la medida esperada.

Las personas que se quedaron sin empleo, principalmente por los cierres de negocios producto de la caída de la actividad, se ven obligadas a emprender iniciativas para su sustento básico. 

Los empresarios, desalentados por la inflación imparable, buscan preservarse para futuras compras, para enfrentar el pago de sueldos o sostener lo básico y muchas veces, deben suspender el pago de impuestos que se exigen de igual forma, sin tener en cuenta, su nivel de ingreso, ni si la actividad está siendo rentable, está subsistiendo y simplemente está paralizada. 

En muchos casos no sólo no pueden tributar sino que además, generan deudas que deben pagar por años. Todo esto sucede frente a una postura implacable y escasamente empática por parte de su acreedor principal: el Estado.

Esto sin mencionar las empresas que, como el turismo (hoteles, agencias, transporte y gastronomía) o la construcción de obras públicas están en sus niveles más bajos o nulos de actividad, que sin apoyo del Estado, deben seguir tributando como en épocas normales, llegando a un punto de casi terminalidad si la situación no se revierte.

 

Replantear el sistema tributario y laboral

Desde hace años, la UCIM busca a través de distintas estrategias, debatir, reflexionar e incidir en ámbitos empresariales y estatales de distintos niveles sobre la necesidad de replantear desde su raíz, el régimen tributario, financiero y laboral.

 

Un sistema impositivo más equilibrado y justo promovería la inversión, la generación de nuevos negocios lo que en definitiva redundaría en más producción, más negocios y  mejoras para la sociedad. La Argentina, en todos sus niveles de gobierno, no cuenta con impuestos inteligentes que recauden en forma tal de no afectar a los encadenamientos de producción ni  distorsionen los precios ni ocasionen un incremento desmedido de sus costos, afectando directamente el nivel de competitividad de los sectores claves de la economía.

 

Abaratar el costo laboral de la formalidad, es la base fundamental para que el sector privado pueda tener los incentivos suficientes como para no dudar a la hora de formalizar a su personal y no tener los incentivos para caer en la informalidad. El trabajo informal en la Argentina es una de las grandes preocupaciones: alcanza el 34%. La cifra de trabajadores registrados asciende a los cuatro millones, empleados que no llegan al salario mínimo, no tienen ART, indemnización por despido y demás beneficios presentes en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. 

 

Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) indica que,”…las altas cargas sociales y la proliferación de planes asistenciales llevan a que mucha gente gane más trabajando como informal que contratado por una empresa que cumple con todas las normas. Con incentivos tan perversos no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado. Con un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos y brinda servicios de baja calidad se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad. Esto garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios. La imposición de muy altas cargas sociales, que aumentan los costos laborales y baja la remuneración de bolsillo, es un ejemplo concreto e ilustrativo de cómo las malas políticas publicas estimulan la informalidad”.

 

La informalidad es sin dudas, un mal contra el que hay que luchar. Trae aparejada fenómenos que en muchos casos implican delitos como evasión y el contrabando, sumado a la precariedad laboral,  entre otros males que llegan a afectar estructuras más profundas de la sociedad. Se convierte en un espiral en descenso porque, dadas las actuales circunstancias, va a crecer y arrastrar a empresarios y trabajadores cada vez en mayor volumen.

Para el Estado significa menos ingresos y desorganización.

Para las personas, imprevisibilidad, supervivencia, marginalidad, falta de acceso a créditos o servicios.

Para algunos, significa un modo de vida y una especialización que llega a extremos delictivos. Para otros, agobiados por las condiciones, el único camino para el sostenimiento de las actividades.

Nos debemos un sistema impositivo, laboral y financiero justo y realista. Que genere un clima pro empresa y que sirva para sostener un Estado con las mismas características.

A pesar de los años que la UCIM viene trabajando y bregando por ello, no perdemos las esperanzas y nos ponemos a disposición de las autoridades para aportar nuestra experiencia y conocimiento en un espacio de debate en el cual participemos todos y construyamos las bases de un país serio, honorable y equitativo.

 

Daniel Ariosto

Presidente