"Es un acta de defunción", avisaron varios prestadores de servicios de discapacidad, quienes hace dos semanas terminaron en jaque cuando el boceto de un proyecto empezó a asomarse. Se trata de una idea presidencial que establecería que los organismos públicos financiadores de las prestaciones se fijen de forma independiente
Dicha orden iría en contra de la Ley 24.901, la cual dice que debe existir un Sistema único de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Como resultado, este decreto haría que sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales, sin importar su estado económico, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o una prepaga
Para desregular este sistema, lo que harían es sacar ese nomenclador único, por lo que pasarían a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otro de la Superintendencia de los servicios de salud. Es decir, si entra en vigencia el proyecto, cada organismo público nacional financiador pondría por su cuenta los aranceles para cada prestación. Esto podría llegar a afectar a 200.000 pacientes.