En un país desarrollado, democrático, cada uno cumple su función. Las empresas industriales, comerciales, de servicios son el motor de la economía, trabajan, dan trabajo, generan riqueza, tributan en un sistema racional, progresivo, a un Estado que, como administrador, devuelve esos aportes a la sociedad.
En esos países, los ciudadanos trabajan, apuestan a crecer, también aportan al Estado del que esperan que les devuelva en salud, seguridad, educación y Justicia (entre otras cosas), el fruto de ese esfuerzo con calidad, responsabilidad.
Las organizaciones desarrollan actividades específicas para potenciar, apoyar, suplir en temas que los particulares solos no podrían y colaboran con el Estado de diversas maneras.
En las sociedades desarrolladas el Estado no es el centro de todo. Debe garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, regular, proponer mejoras y adelantarse a los cambios que vayan presentándose y a través de sus distintos poderes, controlar que todos cumplan con sus deberes. También realizar obras y acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, entre otras cosas.
Por supuesto que este es un detalle arbitrario, muy simplificado de la sociedad, dado que el juego de las mayorías y minorías juega un rol muy importante y existen tantas empresas, organizaciones, funcionarios y ciudadanos, que representan miradas opuestas, con matices inimaginables.
Es bueno recordar y profundizar el hecho de que como ciudadanos argentinos tenemos derechos y obligaciones. Y esto es para volver a nuestro eje y entender la profundidad del deterioro actual, producto de décadas y décadas de malas administraciones. La crisis es muy grande y todos hemos perdido mucho.
Quizá, desde nuestros orígenes como país, hemos entendido mal el rol de los dirigentes. Los vemos como una especie de “padres” o líderes a seguir y no lo que realmente son, administradores temporales. Y ese es un punto en donde debemos detenernos y ser críticos con nuestra realidad.
Vemos como esta recesión, la pobreza, la falta de dinero, la pérdida de poder adquisitivo, nos envilece. Es decir, en el ámbito de la empresa, por mencionar un sector, sobre todo el de las pymes, quienes están en la formalidad se ven obligadas a pasar a la informalidad, a echar a los colaboradores (los que quedan) a la informalidad o a la desocupación. En definitiva a sobrevivir, en muchos casos, desprendiéndose de sus activos.
Un país no es solo su macroeconomía. Lo virtuoso de quienes superaron la inflación en el mundo, es que implementaron cambios sin olvidar la micro y fundamentalmente, acompañando a su ciudadanía, cuidando a los que menos tienen.
Debemos exigir a nuestros actuales gobernantes un plan que abarque a todos los sectores, actores, poderes y a todos los ciudadanos para salir sin violencia, con firmeza y a la vez, empatía hacia los que más (y siempre) sufren, del presente que nos agobia. Premiar a los que hacen las cosas bien, ayudarlos, promoverlos, animarlos a seguir trabajando, apostando por el país.
En una sociedad “normal” un empresario invierte y sostiene su actividad en todo contexto; contribuye, esperando que las autoridades reconozcan ese esfuerzo. Entonces, el Estado, mientras intenta enfrentar los contextos macroeconómicos, los del comercio internacional, ordenar lo interno, promueve la actividad privada para que haya más gente trabajando, sosteniendo su calidad de vida, apostando a más y tributando. Así, ese Estado cuenta con fondos para realizar obras (con más o menos participación de los privados) que también aporta a la gestión imagen y más tributos, para seguir cumpliendo con los servicios indispensables.
En ese círculo virtuoso, los que se mantienen dentro de la ley, deberían ser estimulados y los que no, penados.
Es fundamental, en todas las sociedades, su responsabilidad de control. El Estado, único autorizado constitucionalmente para ejercer las acciones de corrección y/o represión, contribuye a la estabilidad del sistema. De esa manera, evitaría incluso un posible enfrentamiento entre los perjudicados formales y los beneficiados informales que logran una importante ventaja al poder accionar sin el recargo, en muchos casos de más del 50% ( por las imposiciones fiscales, sindicales, sobre tasas en los servicios, etc).
Esta es otra función que Argentina no cumple. Es difícil identificar si los funcionarios actúan por desidia, por la intención de captar votos “no molestando” a los votantes o por intereses de su entorno, involucrado en la informalidad. Por el contrario, deberían intentar que quienes están fuera de la ley se incorporen, para poder recaudar más y brindar más servicios, aplicando una clara voluntad política con la fuerza necesaria para hacerla cumplir y no beneficiando a algunos, que muchas veces son los más poderosos y por ello, lo que menos necesitan. No “cazando en el zoológico” como coloquialmente se dice, sino buscando integrar a más gente para que cada vez sean menos los marginados.
La UCIM está trabajando para relevar los rubros más afectados y publicará en su oportunidad los daños que esta situación origina a los argentinos en general y a los mendocinos en particular.
La libertad es muy importante, con el límite de los derechos de los demás, que tan bien enuncia nuestra Constitución. El orden es vital en un país caótico como el nuestro. Necesitamos que cada uno cumpla con su obligación, nada más y nada menos.
Nuestras leyes y nuestra cultura nacional están tan desarrolladas y evolucionadas, en los papeles, que asombra a muchas otras naciones. Hemos alcanzado en distintas disciplinas y actividades, distinguirnos gracias a nuestras instituciones y prácticas. Hemos sido y somos (aún con lo que queda) pioneros en legislación, desarrollos científicos, producción de tecnología, etc.
Es hora de llevar todo esto a la realidad, no hay mucho que inventar. Hay que respetar nuestras leyes, nuestra democracia, todo lo estudiado, desarrollado, debatido, conseguido hasta ahora y actuar en consecuencia.
Daniel Ariosto
Presidente de UCIM