Ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2, en el marco del juicio oral denominado "obra pública" por el presunto direccionamiento de licitaciones al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015, donde la principal implicada es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sigue la octava jornada de alegatos de la fiscalía.
En la séptima audiencia, el fiscal Diego Luciani consideró que “entre los años 2004 y 2015 el Congreso Nacional padeció un ‘apagón informativo’ en la cuestión presupuestaria, en lo tocante al destino de los cuantiosos recursos públicos invertidos por el Estado Nacional en Santa Cruz, para hacer frente a las obras públicas viales adjudicadas a las empresas del Grupo Báez”.