EL CASO DE LOS ANESTESIÓLOGOS

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El pleito entre el Gobierno y los anestesiólogos llegó a esferas internacionales, donde los médicos esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dé la razón en este conflicto, que deja como resultado a miles de mendocinos sin las cirugías que requieren. Esta es una de las aristas de la crisis en la salud que advierten los trabajadores.

 

Después de que el Gobierno provincial enviara a la Legislatura el plan de ley que fue autorizado (con apoyo del justicialismo) en el que se declara la emergencia en anestesiología (Ley 9.391), los médicos de este sector recurrieron al organismo internacional.

Pasa que el Ejecutivo advirtió a los 68 profesionales que renunciaron a dar sus servicios en los diversos hospitales públicos de Mendoza desde el 1 de abril, en reclamo de un alza en el valor de las prestaciones; que les harían sumarios hasta llegar a la quita de la matrícula si no volvían a sus trabajos.

Es que los anestesiólogos contratados presentaron masivamente sus renuncias y no lograron un pacto con el Gobierno para volver. Ante el problema que esta fuga significó para el sistema de salud pública, sancionaron la ley que, entre otras cosas, le permite al Ministerio de Salud suspenderles la matrícula a aquellos que se nieguen a volver a ejercer en sus puestos públicos.

Esto, sostienen los anestesiólogos es inconstitucional y atenta contra el libre trabajo de la profesión. Por eso los Anestesiólogos Autoconvocados recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, en donde expusieron que el Estado Mendocino los está llevando al trabajo obligado, bajo un concepto de “emergencia”, que para ellos es “erróneo y tergiversado”.