CASO ADORNI
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La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito judicial solicitando la inmediata detención de Manuel Adorni, culpándolo formalmente de intentar manejar a un testigo clave antes de su declaración. Según la denuncia de la legisladora, el funcionario realizó presiones encubiertas a través de WhatsApp, ofreciendo "ayuda" a cambio de alterar los testimonios que lo arrinconan en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En el documento dado al Juzgado Federal, Pagano detalló que el intento de soborno habría sido el mismo día en que debía declarar el contratista Matías Tabar. El escrito señala que Adorni habló con el hombre instantes antes de su testimonio bajo juramento, le ofreció el contacto de su "equipo" y además intentó quitar los mensajes intercambiados con el trabajador. Para la denunciante, este mecanismo constituye un riesgo procesal grave, inminente y completamente comprobable, centrado como un claro entorpecimiento de la investigación en curso.
Para fundamentar su sorpresivo choque, la diputada pidió poner la famosa "doctrina Irurzun", un antecedente jurídico muy utilizado entre 2017 y 2018 para mantener presos a exfuncionarios del kirchnerismo. Esta figura sostiene que las personas que aún tienen amplias cuotas de poder (como es el caso de un jefe de Gabinete en ejercicio) “tienen la capacidad estructural y residual de obstaculizar el trabajo de la Justicia”, lo que justifica dar una prisión preventiva como medida cautelar
