El juez federal Ariel Lijo pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y a la AFIP, en el marco de la escandalosa causa que envuelve a la intendenta kirchnerista de Quilmes, Mayra Mendoza. La investigación inició luego de que el sitio El Disenso diera a conocer documentación sobre el posible manejo irregular de $535 millones en contratos que su municipio adjudicaba a diversas cooperativas de trabajo.
Lo que busca el juez Lijo es ordenar medidas de prueba, luego de que el pedido fuera realizado por el fiscal de la causa, Ramiro González. Asimismo, pidió una compulsa del padrón de entidades de la web del Inaes para precisar más datos sobre las cooperativas supuestamente beneficiadas que se encuentran en el ojo de la tormenta.